Cuando inicié la investigación sobre el escándalo de los auxilios económicos en Panamá, jamás imaginé la magnitud y profundidad de corrupción institucional que descubriría. Desde el principio, fue claro que estábamos frente a un caso emblemático del mal uso de fondos públicos, recursos originalmente destinados a brindar apoyo a ciudadanos vulnerables, sectores desfavorecidos y comunidades con necesidades urgentes.
Mi trabajo periodístico destapó una red sistemática de corrupción en la que diputados y funcionarios públicos desviaron millones de dólares bajo la figura de “auxilios económicos”. Estos fondos, lejos de llegar a los más necesitados, terminaron financiando actividades personales, electorales y partidistas, construyendo así una estructura clientelar que debilitó profundamente la ética y transparencia del sistema político panameño.
En el proceso investigativo, a través del sistema de gestión financiera SCAFID de la Contraloría, identifiqué patrones claros de contrataciones irregulares y uso indebido de fondos públicos. Al momento en que las publicaciones comenzaron a salir en los medios Foco y La Prensa, el escándalo ganó relevancia pública, lo que llevó a que la Contraloría bloqueara el acceso a estos documentos, declarándolos reservados, generando aún más sospechas e indignación pública. En particular, el diario La Prensa publicó un buscador interactivo de auxilios económicos, facilitando a la ciudadanía el acceso a información sobre los fondos desviados.
A medida que profundizaba en los detalles, emergieron numerosos casos específicos en los que figuras políticas prominentes utilizaron estos recursos indebidamente para campañas electorales, pagos a activistas políticos, gastos personales y la financiación de proyectos y eventos inexistentes. Este manejo irregular representó una pérdida millonaria para Panamá, además de minar gravemente la confianza ciudadana hacia sus instituciones.
Durante esta investigación, fui testigo de las reacciones inmediatas: algunos diputados y funcionarios públicos enfrentaron procesos legales por peculado, malversación de fondos, falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. Sin embargo, también observé con frustración cómo muchos procesos quedaron atrapados en retrasos, maniobras legales y una evidente falta de voluntad institucional para enfrentar plenamente la corrupción.
La presión de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y sectores independientes, impulsada por la revelación de mi trabajo, ha sido esencial para exigir transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, este escándalo demostró que existen profundas debilidades en el marco institucional panameño, resaltando la necesidad urgente de reformas estructurales que aseguren un uso íntegro y transparente de los recursos públicos.
Hoy, aunque algunas de mis investigaciones avanzaron a acusaciones formales, otras permanecen pendientes o sin resultados concluyentes, perpetuando una sensación de impunidad. Este caso sigue siendo un ejemplo claro de los retos que Panamá enfrenta en la lucha contra la corrupción institucionalizada y la búsqueda constante de una gobernanza más justa y transparente. A finales de este año publicaré un libro con más información sobre toda la investigación, desde el día cero hasta nuevos hallazgos importantes que aún no han sido revelados.
Para más detalles, puedes visitar el buscador de auxilios económicos publicado por La Prensa. Aquí
