En 2010, mientras los panameños vivían ajenos a los secretos del poder, una operación clandestina
comenzaba a tejerse desde las más altas esferas del gobierno de Ricardo Martinelli. Periodistas,
opositores y ciudadanos comunes fueron espiados sin su consentimiento. Sus conversaciones privadas
quedaron expuestas por una red de vigilancia que nació con la llegada de 15 agentes extranjeros,
contratados —en teoría— para proteger al presidente, pero que terminaron entrenando a las fuerzas
locales y operando al margen de la ley.
Este es el primer capítulo de una serie exclusiva de Código Morse que revelará, durante los próximos
meses, documentos inéditos y testimonios sobre las “pinchadoras” utilizadas entre 2010 y 2014: un
periodo que dejó una cicatriz profunda en la democracia panameña.
El plan que comenzó con un rechazo
Cuando Ricardo Martinelli asumió la presidencia en 2009, tenía un objetivo claro: vigilar a sus
enemigos, reales o imaginarios.
Según un cable del Departamento de Estado de EE. UU., publicado por WikiLeaks y citado por The
New York Times en su artículo “The Battle for the World’s Most Powerful Cyberweapon”, Martinelli
intentó convencer a diplomáticos estadounidenses de que le proporcionaran equipos para interceptar
comunicaciones. Los diplomáticos se negaron: no serían parte de un plan para espiar a opositores
políticos.
Rechazado por Washington, Martinelli miró hacia Israel. En 2010, Panamá fue uno de los pocos países
latinoamericanos que apoyó a Israel en una resolución controversial de la Asamblea General de la
ONU. Poco después, Martinelli viajó a Tel Aviv, donde fue recibido por el entonces primer ministro
Benjamin Netanyahu y el presidente Shimon Peres. En esas reuniones, el mandatario panameño
expresó su interés en adquirir tecnología de seguridad e inteligencia, incluyendo sistemas capaces de
interceptar mensajes de BlackBerry, una de las herramientas de comunicación más populares entre los
panameños en ese momento.
Ese viaje selló una nueva alianza: el inicio de la vigilancia estatal encubierta en Panamá.
El contrato que abrió las puertas al espionaje
El 28 de junio de 2010, el gobierno panameño firmó el Contrato No. 045/2010 con la empresa israelí
M.L.M. Protection Ltd., por 13,475,000 dólares. El acuerdo, gestionado a través del Fondo de Inversión
Social (FIS) y representado por Giacomo Tamburrelli, incluía equipos de espionaje, instalación y
entrenamiento.
Documentos obtenidos por Código Morse revelan los pagos en tres fases: – $3,258,557.24 (22 de
septiembre de 2010) – $5,430,928.74 (10 de diciembre de 2010) – $2,172,371.50 (12 de mayo de 2011)
Más $2,613,142.52 en impuestos.
El dinero salió del Banco Nacional de Panamá y terminó en una cuenta de Nunvav Inc., una empresa
panameña vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México; Joaquín
Guzmán Loera, alias “El Chapo”; e Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, figuras centrales del
Cártel de Sinaloa.
Con este contrato, M.L.M. Protection se convirtió en la primera “pinchadora” de Martinelli. Introdujo
herramientas como el PC Surveillance System para espiar computadoras y el sistema Circles para
rastrear teléfonos móviles. Fue el punto de partida de una maquinaria de espionaje que, con el tiempo,
incorporó a Hacking Team (2011) y NSO Group, creadora del software Pegasus (2012).
Para 2014, más de 150 personas —entre políticos, periodistas y empresarios— habían sido espiadas sin
orden judicial.
Agentes extranjeros con pistolas: una decisión ilegal
El contrato con M.L.M. no solo trajo tecnología. También trajo hombres que, una vez en Panamá,
recibieron armas y permisos especiales para portarlas.
Por primera vez, Código Morse revela los nombres de 15 agentes extranjeros a los que el Servicio de
Protección Institucional (SPI) autorizó el uso de pistolas Glock 17 y los acreditó como escoltas
presidenciales, instructores y directores. Roles que, por ley, están reservados exclusivamente a
ciudadanos panameños.
Permitir que estos hombres actuaran como escoltas armados extranjeros violó la Constitución
panameña y la legislación sobre porte de armas. Para muchos, no fue un simple tecnicismo: fue una
traición a la soberanía y a la confianza ciudadana.
Una red de vigilancia sin fronteras
El contrato con M.L.M. fue solo el comienzo. Entre 2011 y 2012, el gobierno panameño firmó nuevos
acuerdos con Hacking Team y NSO Group, abriendo la puerta al espionaje masivo mediante software
avanzado.
Mientras tanto, Nunvav Inc., la empresa receptora de los pagos de M.L.M., se convirtió en el eslabón
panameño de una red que luego saldría a la luz en México.
Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demostraron que Nunvav
Inc. participó en una red de desvío de aproximadamente 230 millones de dólares, ligada al exsecretario
de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos.
Pero hay un elemento que hasta ahora ha pasado desapercibido: varios de los agentes israelíes que
operaron en Panamá bajo M.L.M. Protection también ingresaron a México, donde el mismo sistema
PSS (PC Surveillance System) fue utilizado por las autoridades mexicanas en contratos gestionados por
Nunvav.
Las coincidencias en nombres, fechas y equipos revelan que el esquema de espionaje no se limitó a
Panamá. Fue parte de una operación transnacional que conectó ambos países y cuya dimensión
completa se conocerá más adelante en esta investigación.
Un sistema al borde de la ley
Lo ocurrido en 2010 no fue solo un escándalo político. Pudo haber implicado múltiples delitos: – Abuso
de autoridad, por permitir que extranjeros asumieran funciones de seguridad pública. – Tráfico ilícito de
armas, por el uso de pistolas sin los permisos correspondientes. – Peculado y blanqueo de capitales, por
el uso de fondos públicos en contratos triangulados. – Violación al derecho a la privacidad, al
interceptar comunicaciones sin orden judicial.
Cada una de estas decisiones contribuyó a construir un aparato de poder sin control, donde la vigilancia
reemplazó a la ley.
El silencio del poder
Hasta hoy, ningún exfuncionario ha explicado oficialmente quién autorizó la entrada de los agentes
israelíes ni bajo qué mandato legal actuaron.
Ricardo Martinelli, actualmente asilado político en Colombia, ha insistido en que sus procesos
judiciales son “una persecución política”. Pero sobre este capítulo de su pasado, guarda silencio.
Para las víctimas del espionaje, ese silencio es una segunda violación: una que borra la memoria de lo
ocurrido, pero no la herida que dejó
