SANTIAGO DE VERAGUAS — Una investigación exclusiva revela que la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en Veraguas tiene 51 funcionarios registrados en planilla, con un costo mensual cercano a los 80 mil dólares, según documentos obtenidos por este medio. Sin embargo, durante una visita en horario laboral, solo se observaron cuatro personas en el lugar, lo que plantea serias dudas sobre dónde trabajan los demás y qué actividades realizan en realidad.
Entre los empleados figuran asistentes administrativos, trabajadores sociales, asesores legales, cuatro conductores y varios de edad avanzada (como casos de 73, 77 y 78 años). Además de los sueldos, algunos reciben viáticos recurrentes, elevando el gasto total. Testimonios de residentes locales confirman que el local permanece mayoritariamente vacío, sin evidencia de reuniones o consultas ciudadanas. Un análisis detallado de la planilla muestra que aproximadamente el 65% de los funcionarios están afiliados al Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que sugiere posibles influencias políticas en las contrataciones y refuerza las sospechas de que estos puestos podrían servir más a intereses partidistas que a la participación ciudadana efectiva.
El espacio físico en el local de Plaza Firenze parece demasiado pequeño para albergar a 51 personas, lo que agrava las interrogantes sobre la productividad de esta dependencia.
El Nuevo Contrato de Arrendamiento: Un Cambio Sospechoso y Vínculos Familiares
Esta revelación se conecta con un reciente cambio en el alquiler del local, aprobado en junio de 2025, justo antes de que Dana Castañeda dejara la presidencia de la Asamblea. El nuevo acuerdo, firmado con la empresa Inmobiliaria Paseo de Gracia, S.A., asciende a unos 42 mil dólares por dos años y reemplaza un contrato anterior con otra empresa en Veraguas, que costó más de 54 mil dólares pero no mostraba actividad significativa. Además, se encuentra en trámite un contrato entre Plaza Firenze y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), el cual ya es público pero aún no ha sido refrendado ni aprobado, añadiendo un nuevo elemento a las operaciones en este complejo.
La persona que firmó por la inmobiliaria fue Ana Laura Virzi Martinelli, sobrina del expresidente Ricardo Martinelli y hermana de David Virzi Martinelli, vicepresidente del partido Realizando Metas. Su participación en este y otros contratos estatales genera sospechas sobre posibles favoritismos.
La Asamblea ha invertido sumas importantes en oficinas similares en el pasado, como en otras provincias, donde se reportan patrones de baja actividad.
La Ley que Protege Estos Puestos y Opiniones Anteriores
Muchos de estos funcionarios están amparados por la Carrera Legislativa, una ley de 2024 que complica su remoción sin un proceso especial. Aunque se promovió para dar estabilidad laboral, en la práctica parece blindar cargos que podrían ser políticos o asignados como favores.
Sobre estas oficinas, el contralor Anel Flores había expresado anteriormente su preocupación, señalando en mayo de 2025 que muchas de ellas operan como “estructuras políticas pagadas con fondos públicos”. En un comentario público, afirmó que “estamos financiando estructuras disfrazadas” y llamó a poner fin a esta práctica, destacando casos como el de Chitré, donde hay más personal para la Asamblea que para otras instituciones en la provincia de Herrera.
Investigaciones previas también describen estas oficinas provinciales como “costosas y opacas”, enfocadas más en clientelismo que en servicio público. Hay ejemplos similares en Herrera y Chiriquí.
Silencio Oficial y Qué Sigue
Hasta la fecha, la Asamblea no ha emitido pronunciamientos sobre este gasto mensual de casi 80 mil dólares en sueldos. En un contexto de mayor escrutinio público, este caso podría impulsar una revisión del uso de recursos en el Legislativo.
¿Aparecerán ahora los 51 funcionarios tras esta exposición? ¿Y cabrían en ese reducido espacio del local de Plaza Firenze? Las respuestas podrían marcar un punto de inflexión.
Este escándalo en Veraguas podría ser la punta del iceberg, con oficinas satélite similares en todo el país priorizando nóminas sobre participación real. Es hora de acciones concretas.
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